El Gobierno pone en regla lo que las escuelas ya hacen

El nuevo marco de cuidado establece que las comunidades educativas deberán asumir un rol activo frente al mantenimiento y los daños intencionales en las escuelas. Sin embargo, las cooperadoras de los establecimientos públicos ya realizan desde hace años jornadas de pintura, reparación y mantenimiento para sostener el funcionamiento de los edificios ante problemas que, en muchos casos, no reciben una respuesta adecuada del Gobierno porteño.

El Gobierno porteño estableció un nuevo marco de cuidado para las escuelas que modifica el abordaje de los daños intencionales en los establecimientos educativos. A partir de ahora, cuando no se requiera una intervención urgente, serán las propias comunidades educativas las que deberán elaborar estrategias para reparar o subsanar los deterioros.

Sin embargo, buena parte de estas tareas ya son realizadas desde hace años por las cooperadoras de las escuelas públicas porteñas. Ante la falta de respuestas o demoras en la atención de distintos problemas de infraestructura, las familias y las comunidades educativas organizan jornadas para pintar, reparar y poner en condiciones los establecimientos para garantizar que puedan seguir funcionando y que los alumnos puedan asistir a clases.

Las cooperadoras no solamente participan de acciones puntuales. También sostienen tareas cotidianas de mantenimiento y reparación y, en numerosas oportunidades, realizan obras y trabajos que permiten resolver problemas que requieren una respuesta que no llega desde la administración porteña. Pintar aulas y espacios comunes, reparar mobiliario y recuperar sectores deteriorados forman parte de un trabajo que las comunidades educativas vienen realizando con sus propios recursos y organización.

En este sentido, el nuevo protocolo incorpora como una novedad institucional prácticas que ya existen en muchas escuelas públicas. La diferencia estará ahora en que esas acciones quedan contempladas dentro de un marco general para todo el sistema educativo.

Entre los casos contemplados aparecen grafitis en paredes y mobiliario, roturas intencionales de bancos o puertas y daños en los baños. Frente a estas situaciones, los equipos de conducción deberán trabajar junto con las cooperadoras escolares para definir cómo reparar lo afectado. Una de las alternativas previstas son las jornadas de reparación y recuperación, con participación activa de los estudiantes.

El protocolo toma como referencia un diagnóstico realizado por la Universidad de San Andrés junto con el Ministerio de Educación porteño sobre las conductas vinculadas al cuidado de la infraestructura escolar. El estudio incluyó entrevistas a integrantes de la comunidad educativa y una etapa cuantitativa en la que participaron 3.000 estudiantes de primero a tercer año de 42 escuelas secundarias de las 15 comunas.

Una de las conclusiones fue que existe una relación entre el clima institucional y el cuidado de los espacios. En las escuelas donde predomina el respeto mutuo aumentan las conductas de cuidado y disminuyen los daños. También se detectó una mayor predisposición a proteger la infraestructura entre los estudiantes que sienten orgullo y pertenencia por su escuela.

El diagnóstico incorporó además el denominado efecto de contagio social: cuando los estudiantes perciben que sus compañeros cuidan los espacios comunes, aumenta el compromiso individual. El nuevo marco busca aprovechar ese comportamiento para generar una cultura de cuidado que pueda sostenerse en el tiempo.

Para eso, las escuelas podrán implementar distintas estrategias. Entre ellas se encuentran los “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso asume de manera rotativa la responsabilidad de verificar un sector; los “Últimos minutos para el cuidado del espacio”, destinados a revisar las condiciones del lugar utilizado antes de cambiar de actividad o finalizar la jornada, y los “acuerdos de cuidado” elaborados junto con los estudiantes.

También se contemplan “murales estudiantiles” en paredes frecuentemente vandalizadas, la recuperación de espacios verdes mediante huertas o jardines de polinizadores y campañas con mensajes positivos construidos junto a los alumnos.

El nuevo esquema incorpora además una dimensión ambiental. Cada establecimiento deberá implementar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos, que contempla la designación de un Referente Ambiental, la correcta ubicación de cestos y contenedores y la creación de un Comité Ambiental integrado por distintos miembros de la comunidad educativa.

Así, mientras el Gobierno porteño presenta un nuevo marco para promover el cuidado de las escuelas, las cooperadoras y las comunidades educativas ya vienen sosteniendo desde hace años buena parte de esas tareas. La discusión que abre el protocolo no pasa solamente por quién debe reparar los daños, sino también por quién garantiza el mantenimiento de los edificios escolares y con qué recursos se sostiene diariamente.