Se relocalizarán en el complejo “Mundo Grúa” a 64 familias que residen en la villa 21-24, donde con el pago de expensas y una cuota mensual podrán convertirse en dueños de las viviendas, las cuales ya tienen todos los servicios.

Un total de 64 familias que vivían a la vera del Riachuelo, en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, se muda esta semana al complejo habitacional Mundo Grúa, donde tendrán todos los servicios, pagarán expensas y una cuota mensual para convertirse en dueños de sus viviendas.

Las mudanzas comenzaron este martes y finalizarán este viernes, los camiones contratados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) recorren varias veces por día los 200 metros que separan la villa de los nuevos edificios.

En esos fletes van las pertenencias de decenas de las familias que pudieron dejar atrás sus viviendas precarias para vivir en departamentos con agua corriente, electricidad, cloaca y recolección de residuos.

Para Juana Sosa, quien tiene cuatro hijos -tres viven con ella-, el cambio fue radical: "La casa (en la villa) tenía grietas, entraba agua y tierra, con el viento se volaban las chapas, la basura estaba desparramada porque no había container".

Y agregó: "Acá es mejor para la salud, la seguridad, para todo. Tenemos mucha claridad", comentó señalando la puerta ventana que comunica el living de su departamento con uno de los patios comunes del conjunto habitacional.

El complejo Mundo Grúa, situado en Iguazú y avenida Pedro de Mendoza, Barracas, fue construido por el IVC y tiene cinco edificios de cuatro pisos cada uno, en total son 320 viviendas de uno, dos o tres dormitorios.

En ese lugar funcionaba la fábrica Mundo Grúa, nombre que también lleva la película de Pablo Trapero (1999).

La relocalización de estas 64 familias tiene, como marco legal, el fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008 que, entre otras cosas, dice que nadie puede vivir, por razones ambientales y sanitarias, en el camino de Sirga, una franja de 35 metros de ancho en la margen del Riachuelo que mide 4,5 kilómetros y va desde el puente Pueyrredón hasta el puente Ezequiel Demonty, ex Uriburu.

A través de un plan de financiamiento que tiene en cuenta los ingresos mensuales, cada familia, además de pagar servicios y expensas, pagará una cuota para convertirse en propietaria de su departamento.

Salvador Aguilar, quien trabaja como herrero hace cinco años en una empresa, pagará 1.300 pesos por mes. A sus 40 años, está casado y tiene tres hijos. Oriundo de Paraguay, vive en la Argentina desde 2008, su primera y única vivienda es la que dejó hoy en la Villa 21-24, construida tan cerca del Riachuelo que parece estar a punto de caerse.

"Estamos contentos", dijo tímidamente Salvador a Télam, mientras un grupo de peones esperaba para cargar sus muebles a un camión y su familia lo miraba desde el umbral de la puerta. "Por suerte trabajo en blanco y podemos pagar", agregó.

La familia Aguilar fue una de las primeras en llegar a Mundo Grúa porque, según definió Juan Maquieyra, director del IVC, es un "caso prioritario".

"Tenemos en cuenta la antigüedad en el barrio y las condiciones de la casa. Algunas están exactamente al lado del Riachuelo y se están por caer", comentó a Télam Maquieyra, y agregó: "También consideramos circunstancias más duras de afrontar, como tener, en la familia, una persona con discapacidad o alguna enfermedad".

A partir marzo comenzarán a mudarse las 256 familias restantes y los 320 departamentos de Mundo Grúa estarán habitados.

Las viviendas que queden deshabitadas en la Villa 21-24 serán demolidas para transformar esa margen del Riachuelo en un paseo costero con espacios verdes y un camino por el que circularán bicicletas y vehículos ligeros.

De las 1.837 familias censadas en 2011 que vivían en las márgenes del Riachuelo del lado de Buenos Aires -Villa 21-24, Villa 26, asentamientos Luján, El Pueblito y Magaldi-, 684 ya se mudaron a los siguientes conjuntos habitacionales: Barrio Mugica, Barrio Luzuriaga, complejos Lacarra y Cruz, San Francisco y San Antonio y Lacarra.

El compromiso político del Gobierno porteño es mudar a todas las familias que todavía viven en el Camino de Sirga en 2019.