El diputado de la Ciudad, Yamil Santoro, realizó la presentación judicial contra Diego Omar Suárez conocido en las redes como “Michelo” por promover un régimen autoritario, exaltar la violencia institucional y difundir mensajes de odio, actos que podrían implicar penas de prisión.

El legislador porteño y abogado, Yamil Santoro, denunció penalmente a Diego Omar Suárez, conocido de manera pública como "Michelo", por promover el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. La presentación judicial, formulada ante la Justicia Nacional, alega la comisión de los delitos de apología del crimen e intimidación pública, previstos en los artículos 213 y 212 del Código Penal, respectivamente. De ser hallado culpable, Suárez podría enfrentar penas de prisión.

Según el documento firmado por el diputado liberal, Suárez habría utilizado sus plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para defender el régimen autoritario y represivo de Venezuela, promoviendo abiertamente actos de violencia institucional, desapariciones forzadas y persecución política. Además, la denuncia incluye la exaltación de líderes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y la justificación de un sistema político fraudulento.

Santoro aseguró: “Es inadmisible que en democracia alguien reivindique dictaduras violentas y represivas. Los discursos de odio y las apologías hacia regímenes autoritarios no tienen lugar en nuestra sociedad. Vamos a garantizar que estas conductas sean sancionadas y que los valores democráticos prevalezcan”.

La denuncia también señala expresiones antisemitas vertidas por Suárez en sus redes sociales, calificándolas como un delito grave que fomenta el odio y la división en la sociedad argentina. Estas manifestaciones, si bien son tratadas como un delito adicional, refuerzan la gravedad de su accionar al alinearse con prácticas represivas y discriminatorias.

El escrito cuenta con fundamentos legales basados en pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en decisiones judiciales locales que condenaron acciones similares en el pasado. Además, subraya cómo estas conductas buscan erosionar los principios democráticos y los derechos humanos en el país.