El crimen de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, volvió a poner en cuestión la política de seguridad del Gobierno porteño. La mujer había llegado desde Brasil para visitar a su hija y fue atacada sin motivo en Balvanera por un hombre con una larga lista de antecedentes penales y problemas psiquiátricos.

El jueves pasado, cerca del mediodía, una turista brasileña fue atacada en la avenida Corrientes al 3200, en pleno corazón de Balvanera. María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, fue golpeada violentamente por un hombre que la agredió sin motivo aparente. Cayó al suelo y sufrió un fuerte traumatismo de cráneo. Fue asistida por el SAME y trasladada de urgencia a un hospital, donde murió horas después.

El agresor, de 30 años, fue detenido en la esquina de avenida Córdoba y Junín. La Justicia lo imputó por homicidio, aunque también fue derivado al Hospital Borda. No era un desconocido para las fuerzas de seguridad ya que contaba con 20 antecedentes por delitos graves como robos, lesiones y disturbios en la vía pública y múltiples internaciones psiquiátricas en los hospitales Piñero, Durand y Borda, de los cuales se fugó en varias oportunidades.

La víctima, oriunda de la ciudad brasileña de Ituparanga, había trabajado como empleada pública en el Tribunal de Justicia de Goiás y se encontraba en Buenos Aires desde julio, visitando a su hija, estudiante de medicina. Su familia en medio del dolor, está reclamando para que se agilicen los trámites para repatriar el cuerpo.

El caso reavivó las críticas al Gobierno porteño, que se jacta de haber consolidado una ciudad “segura y vigilada”, mientras una mujer es asesinada en pleno centro, a plena luz del día, por un hombre con un extenso historial delictivo y psiquiátrico. La tragedia expuso una vez más los agujeros del sistema que ni el control judicial ni la contención sanitaria evitaron que alguien con 20 antecedentes volviera a circular libremente por las calles.

La muerte de María Vilma no solo sacude a su familia, sino que también deja al descubierto una deuda pendiente del Estado porteño que es la de prevenir, y no solo reaccionar, ante los episodios de violencia que ponen en riesgo la vida de vecinos y visitantes por igual.