La Ciudad creó un Registro Público de Vacantes para colegios privados para frenar rechazos arbitrarios y garantizar transparencia e inclusión, especialmente para estudiantes con discapacidad. La nueva ley obliga a las escuelas a informar y actualizar sus cupos.

Este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con 44 votos afirmativos la modificación de la Ley 2.681, que ahora obliga a crear un Registro Público de Vacantes para las escuelas privadas incorporadas al sistema oficial.

La reforma fue impulsada por la diputada María Graciela Ocaña con el apoyo de legisladores de distintos bloques y por Genoveva Ferrero a través del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad, donde diariamente llegan casos de familias afectadas con hijos con alguna neurodivergencia que les resulta muy difícil conseguir una vacante.

Ocaña afirmó que “Esta reforma de Ley de Matriculación fue pensada, soñada y redactada por un equipo de profesionales especializados. Pero, ante todo, esta ley no fue ideada desde un escritorio, sino que fue escrita escuchando la verdadera necesidad. La que cuentan las historias de los que están en la trinchera, personas con discapacidad que transitan la educación de nivel y sus familias”.

Los debates previos en la comisión de educación presidida por el diputado Sergio Siciliano, donde se llevaron a cabo encendidos intercambios de opinión, contaron con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, instituciones vinculadas con la discapacidad y familiares de niños en edad escolar. Se expusieron testimonios de discriminación, especialmente cuando se trata de estudiantes con discapacidad.

Para Genoveva Ferrero “el objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra Ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido. Ponemos fin al peregrinaje doloroso de familias que durante años recorrieron instituciones rogando por un lugar donde sus hijos pudieran ejercer un derecho que jamás debió ser cuestionado”. Asimismo, señaló que “desde el Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad vamos a seguir trabajando incansablemente. Pondremos cada recurso, cada herramienta y cada gota de energía para que ningún niño de esta Ciudad vuelva a tener que pedir permiso para acceder a su derecho más básico: aprender, crecer y pertenecer”.

Absolutamente todos los afectados reclamaban la necesidad de garantizar un marco de transparencia y equidad, frente a lo que describieron como una práctica habitual de rechazos arbitrarios y falta de información confiable sobre disponibilidad real de vacantes.

El Ministerio de Educación de la Ciudad tendrá a su cargo la creación y publicación del registro, que deberá informar cuántas vacantes hay disponibles por grado y año en cada colegio, tanto para el ciclo lectivo actual como para el siguiente. Cada institución deberá mantener su información al día, tanto en su web institucional como en la web oficial del Ministerio.

“Si bien consideramos que una ley no resuelve mágicamente todos los problemas de inserción escolar que padecen los niños con neurodivergencias, creemos que este es un paso más que damos hacia la convivencia, por eso apoyamos la iniciativa desde que nos invitaron a conocer el proyecto. En Teactiva no paramos de recibir denuncias de familias que tienen gravísimos problemas para escolarizar a sus hijos pero esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad”, sostuvo Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva.

La modificación apunta a mejorar la transparencia, inclusión y protección del derecho a la educación. Bajo la nueva regulación, ningún colegio privado podrá negar inscripción o reinscripción sin una “justa causa” que esté fundamentada conforme a la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales, particularmente los que protegen derechos de niñez y personas con discapacidad.