A partir del 1 de agosto será obligatoria la exhibición del Código de Operación de Traslado (COT) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para toda mercadería que tenga origen y/o destino en esta jurisdicción.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) controlará colaborativamente con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) el cumplimiento de las obligaciones tributarias del transporte de cargas en rutas y caminos del área metropolitana, sobre las mercaderías que tengan como origen o destino sus jurisdicciones.

Los inspectores de AGIP y ARBA ya han comenzado a efectuar las pruebas piloto en operativos de fiscalización conjuntos. La exhibición del Código de Operación de Traslado (COT) será obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1 de agosto, para toda mercadería que tenga origen y/o destino en esta jurisdicción. Se trata de un comprobante que se tramita de forma digital y sirve a los contribuyentes como respaldo de la mercadería transportada.

El COT deberá ser obtenido por los sujetos obligados a emitir comprobantes (facturas, remitos, guías o documentos equivalentes) que respalden el traslado y entrega de bienes (productos primarios o manufacturados), en forma previa al transporte de la mercadería. Aquellos contribuyentes que dispongan de un Código de Operación de Traslado de la Provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, podrán utilizar el mismo y no deberán solicitar uno nuevo. Mientras que aquellos que no lo tengan, deberán realizar el trámite a través de la página web de la AGIP (www.agip.gob.ar).

Por otro lado, el COT obtenido cuenta con un tiempo de vigencia según sea el recorrido en kilómetros que se consigne a partir del inicio del viaje. Hasta 500 kilómetros vence el día siguiente; de 500 a 1.000 kilómetros, el segundo día inmediato siguiente; y más de 1.000 kilómetros, fecha estimada de entrega según el solicitante.

Con esta acción la AGIP hará más eficiente y efectivo el control y la fiscalización de mercaderías. Esto contribuye, además, a fomentar la competencia transparente entre los actores que participan de las actividades económicas.