Este jueves, la Asesoría Tutelar de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires requirió a ese Tribunal que confirme la medida cautelar sobre que sea opcional la asistencia presencial a clases en las escuelas porteñas. Además, solicitó que no se quite la vacante a quienes decidan no asistir.

La Asesoría Tutelar de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires requirió a ese tribunal que confirme la medida cautelar que falló que, hasta el próximo 11 de junio, sea opcional la asistencia presencial a clases en las escuelas de Capital Federal.

El pedido lo hizo Gustavo Moreno “en representación de los derechos de las niñas y niños que concurren a los niveles inicial y primario en los establecimientos educativos de la ciudad” en el marco de la acción de amparo promovida por padres y madres de estudiantes contra el Gobierno porteño.

Las familias demandaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para que “garantice el derecho a la educación" de sus hijos "adaptado al duro momento transitivo e histórico" que se transita, en referencia la pandemia de Covid-19.

Para “resguardar el derecho a la vida y a la salud”, pidieron que las clases sean “bajo la modalidad a distancia, sosteniendo y garantizando la trazabilidad pedagógica, la regularidad, la vacante escolar, y las becas que pudiesen corresponder, así como la adquisición de contenidos en igualdad de condiciones mientras exista la circulación del virus”.

El juez Guillermo Scheibler dictó en abril una medida provisoria pero, tras la intervención de la Corte Suprema en el conflicto entre Gobierno nacional y el local, sobre la autonomía de la ciudad para decidir sobre la “presencialidad y una prórroga de medidas de prevención por parte del Poder Ejecutivo Nacional para evitar el contagio del coronavirus, el 7 de mayo pasado magistrado dispuso una nueva cautelar.

Ordenó al GCBA que “se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres, en atención al contenido del DNU 287/21”, prorrogado por DNU 334/21 hasta el 11 de próximo junio, “resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos” y “adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad remota del colectivo involucrado”, lo que fue apelado por el GCBA.

Moreno destacó que “la pretensión de madres y padres, a través del amparo, de poder elegir el modo de educación (presencial o a distancia) hasta que se declare el fin de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus.

También apuntó a “respetar la autodeterminación personal de cada individuo sin que el ejercicio de este principio constitucional signifique un “castigo” o ejercicio coactivo del poder, como tal podría ser la quita de la vacante escolar o la regularidad, el mal conteo de faltas, la baja de beneficios sociales o becas estudiantiles”.

El asesor tutelar señaló que, de acuerdo con páginas oficiales en la web el número de contagios diarios, unos 2.800 casos en la actualidad, “sigue siendo muy alto” y “obliga a reforzar las medidas de cuidado”.

“Se está transitando el peor momento de la pandemia en materia de personas contagiadas y fallecidas, lo cual no necesita de la existencia de pruebas, en tanto ello entra naturalmente en el conocimiento de todas/os las/os habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos”, expuso.

“Lo que se consagra con la medida cautelar es alcanzar la mejor alternativa posible: la opción por concurrir o no a las clases presencialidad, asegurando a niñas y niños, en este presente incierto, su derecho a la vida y su derecho a la salud, sin exponer a ellas/os -y a su familias- a daños futuros que podrían ser irreversibles”, agregó.