La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso que presentó Jumbo Retail S.A., contra una disposición de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le impuso una multa de medio millón de pesos por condicionar la venta de un producto a la compra de otro.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por los jueces Carlos Balbín, Esteban Centanaro y Mariana Díaz, rechazó de forma unánime un recurso de Jumbo Retail S.A. contra la disposición Nº 4213 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que le impuso una multa de 500 mil pesos, por infringir los artículos 8 bis de la Ley 24.240 y 1099 del Código Civil y Comercial, porque condicionaba la venta de un producto a la compra de otro artículo.

Por su parte, la compañía planteó la nulidad tras asegurar que “no se configuró la infracción constatada por los inspectores de la DGDyPC y que no se condicionó la venta de aceite (…), ni de ningún producto, a la adquisición simultánea de otro ni se acreditó dicha circunstancia”.

De acuerdo al fallo difundido por ijudicial, la Sala tuvo en cuenta que los tickets presentados para refutar la infracción “dan cuenta de operaciones anteriores a la fecha de la verificación efectuada por la DGDyPC y en consecuencia, no logran rebatir los hechos constatados en el acta”.

Balbín, actual titular de la Cámara e integrante de la Sala II recordó -en su voto- que el art. 8 bis de la Ley 24.240, en integración con el 1099 del Código Civil y Comercial establecen que “Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultáneo e otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo”. Y destacó que “una vez que el consumidor ha tomado la determinación de contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente sin condicionamientos“.

Además, recordó el magistrado, que ante la Cámara “tramitan numerosos recursos directos contra sanciones impuestas a la recurrente por la DGDYPC”. Situación de reincidencia que también fue tenida en cuenta por la dependencia del GCBA.

Balbín señaló que “más allá de evaluar el carácter de reincidente“, el monto de la multa se encuentra debidamente fundado, y aseguró que “se tuvo en cuenta la situación de público y notorio conocimiento, referente a que, ante un anunciado posible aumento en el precio del aceite, los consumidores buscaban con más asiduidad la compra de dicho producto, antes de que se produjere el mencionado incremento”.

Adicionalmente, se le ordenó a la empresa publicar la sanción en el diario Clarín.