En la sesión de este jueves de la Legislatura porteña, como estaba previsto, se votaron los cambios para la VTV que incluyen ampliar los plazos para verificar automotores, además que los jubilados y personas con discapacidad no pagarán tarifa establecida. También se trató una “iniciativa popular”.

La verificación técnica obligatoria para automotores particulares y motovehículos, que hasta hoy debía realizarse después de los dos años de antigüedad de las unidades, deberá hacerse de ahora en adelante una vez cumplido el cuarto año, siempre que el rodado no haya superado los 60.000 kilómetros.

A su vez, la revisión anual pasa a ser bianual (cada dos años) hasta el octavo año de antigüedad desde la fecha de patentamiento, siempre que el vehículo haya rodado 80.000 km. como máximo, con una tolerancia de 4.000 km más.

Los cambios en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires que regula el sistema de VTVO fueron propuestos por el diputado Roberto García Moritán (RU) y otros del interbloque oficialista y luego adecuados en la Comisión de Tránsito y Transporte, cuyo presidente Matías López (VJ) hizo de miembro informante en la sesión de este jueves.

La norma también dispone que el trámite pasará a ser gratuito para jubilados y pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos regulares no superen el equivalente a dos jubilaciones mínimas, y para personas con discapacidades acreditadas con certificado del GCBA.

En cuanto a las personas con discapacidad, el beneficio incluye a “padres o tutores, los descendientes, cónyuge y la pareja conviviente de persona con discapacidad, esta última con la acreditación de dos años de convivencia con la persona discapacitada. En todos los casos el vehículo debe estar destinado al uso de la persona con discapacidad”.

Por otra parte, la ley sancionada autoriza “al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a instrumentar las adecuaciones que pudieran resultar necesarias en los contratos vigentes para la prestación del servicio de VTO”. Aclara la norma que, “en ningún caso los procedimientos establecidos por el presente autorizan a las concesionarias a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.

La norma se aprobó con 37 votos de VJ, UCR, LLA, RU y PS. Se abstuvieron los bloques FdT e izquierda.

Por otro lado, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura debatió y votó un proyecto generado por “iniciativa popular”, un mecanismo institucional previsto en la Constitución local.

En este caso se trató de una propuesta para derogar la ley que aprobó el desarrollo de un paseo urbanístico en la Costanera, conocido como Punta Carrasco y Costa Salguero. Esa norma fue tratada oportunamente en doble lectura y ampliamente discutida en Audiencia Pública, antes de su sanción y promulgación.

El bloque Frente de Todos avaló la presentación de 53.000 firmas de vecinos, encabezados por el ex legislador justicialista Mariano Recalde.

Tras el debate en el recinto, la propuesta no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.