El oficialismo recibió numerosas críticas durante el debate de las leyes por las cuales se modificó el régimen de aperturas y roturas así como la reparación de veredas. Desde la oposición reconocieron los esfuerzos para lograr consenso pero afirmaron que se vulneran las competencias de las Comunas.

La Legislatura sancionó un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública; y un sistema para regular sobre construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las mismas.

Durante el debate hablaron los presidentes de las Comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Maximiliano Sahonero (PRO), y de Justicia, Daniel Presti (PRO), y los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT), Silvia Gottero (BP), Gustavo Vera (BC), Adrián Camps (PSA), Marcelo Depierro (MC), Gabriel Fuks (CNM) y Carlos Tomada (FpV).

Sahonero afirmó: “Las leyes han tenido muchísimas modificaciones desde que han ingresado a la Comisión de Espacio Público, nosotros siempre hemos velado por tener las mejores leyes y trabajamos para ello”.

Y agregó: “Al salir de nuestra casa el primer paso que damos es en la vereda y ahí comienza el espacio público, vemos que el problema del mantenimiento de las veredas y aceras es una complicación para todos los porteños: personas en silla de ruedas, ancianos con bastones, entre otros. La idea de estas leyes es regular y optimizar los recursos para poder mejorar este aspecto, queremos que cada vereda que se haga en esta Ciudad este regulado y proyectado”.

“Más allá que nosotros somos Gobierno desde hace muchos años siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, modificando y evaluando de qué manera mejorar la movilidad en la Ciudad”, finalizó.

Ramal, por su parte, recordó: “Nosotros pedimos la emergencia en lo que respecta a la situación de las veredas y nos inspiramos en la Red de Personas con Discapacidad, que realizó un relevamiento del estado de las veredas de nuestra Ciudad. Pese a los generosos contratos con empresas para que se realice el mantenimiento de las veredas, varios funcionarios aseguraron que dos tercios de las veredas están en un estado calamitoso”.

“Creemos que las Comunas deben hacerse cargo del cuidado de la vía pública y de los accesos secundarios a la Ciudad. Este proyecto dice que el mantenimiento de la vereda es responsabilidad del frentista, es decir que frente al pedido de que el Estado se haga cargo de la situación, la respuesta del Estado es desligarse del problema”, añadió.

En tanto Gottero reconoció: “Trabajamos muchísimo en estos proyectos y estamos discutiendo desde el primer día sobre esto pero no logramos ponernos de acuerdo. Esto es un capricho del Ejecutivo, no hemos logrado que incluyeran dentro del proyecto el hecho de que de las veredas de clubes de jubilados, clubes de barrio, etc. se hiciera cargo el Estado”.

Además advirtió que a una nueva subsecretaria “le estamos dando 6.100 millones para este programa, del 64% de las veredas se hace cargo el Estado y las telefónicas, un 12% están rotas por raíces de los árboles, el 24% son las que les corresponden a los frentistas pero sólo el 12% es de los dueños de las casas ya que el resto son de edificios públicos”.

Camps afirmó que “las empresas declaran la emergencia y en 48 horas rompen las veredas sin autorización del Ejecutivo, luego viene otra y repite el proceso, entonces terminan todas las veredas rotas” e insistió en que “nosotros queremos que la empresa que va a romper y no tiene autorización del Gobierno sea multado”.

“Nos parece injusto que después de años en los que el Gobierno no ha hecho nada para mantener en buen estado las veredas, sea el frentista quien tenga que absorber los gastos de reparación de la misma”, sentenció.

Depierro indicó que “con el tema de los frentistas no estamos de acuerdo, nos parece que los números difieren entre el 12% y el 8% en lo que respecta a las roturas generadas en veredas de frentistas particulares” y consideró que “esta no es una solución beneficiosa para los vecinos y estamos generando un antecedente de romper la solidaridad con los vecinos de la Ciudad” dado que “no le va a costar lo mismo a un vecino dueño de su casa arreglar la vereda que a un edificio donde viven muchas personas, el impacto económico es notoriamente diferente”.

Finalmente Tomada dijo: “Nosotros estamos a favor de la defensa de los vecinos” y advirtió que “más allá de la conveniencia en materia de una supuesta eficiencia de la gestión, los proyectos desconocen el espíritu de nuestra Constitución en lo que respecta a la participación de las Comunas”.

“Entre las facultades exclusivas de las Comunas se encuentra el mantenimiento de las veredas y no pueden ser borradas por el capricho de un funcionario”, concluyó.