Entre lunes y martes se realizaron varias audiencias públicas en la Legislatura porteña. Entre otros temas, se trataron la designación de autoridades en el Instituto de Gestión Electoral y cubrir un cargo de juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

Durante el transcurso del martes se reunió la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control en conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales  para avanzar con la designación del Director titular y Director adjunto del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad (IGE), organismo que lleva a cabo las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el formato de Audiencia Pública expusieron los candidatos Adrián González, un abogado recibido en la UBA que fue propuesto para ser Director titular del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad y Tomás Aguerre, a desempeñarse como Director Adjunto. Ambos dieron cuenta de sus trayectorias, formación académica y antecedentes y también respondieron preguntas de los legisladores presentes.

La reunión fue conducida por la titular de la Junta, María Luisa González Estevarena (Vamos por más) y contó con el apoyo de Hernán Reyes (Vamos por más) como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Participaron legisladores que integran ambas comisiones, el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López y el Ministro de Justicia del Gobierno de la Ciudad, Gabino Tapia.

Al finalizar esta audiencia, se realizó una segunda que también lideró la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control junto con la Comisión de Justicia, para avanzar con el proceso de designación del  Juez de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Acompañó a Estevarena en su rol de conductora de la audiencia, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Claudia Neira (Unión por la Patria).

Se expusieron los antecedentes del candidato propuesto por el Consejo de la Magistratura, Ezequiel Martín Quaine, quien actualmente se desempeña como Defensor del área de flagrancia en el Ministerio Público de la Defensa.

Durante estos dos días también se desarrollaron distintas audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión de Cultura, que preside María Cecilia Ferrero (Vamos Juntos) y cuanta con Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria) como vicepresidente 1° y Sandra Rey (La Libertad avanza), como vicepresidenta 2°.

Los temas tratados fueron varias leyes de la Comisión de Cultura, tales como la enviada por el poder Ejecutivo para denominar “Paseo Ucrania” al paseo aledaño al monumento a Taras Shevchenko, ubicado dentro de la plazoleta general José Antonio Páez; nombras “Vilma de León” a la escuela N° 24 de D.E. N°19; la denominación “La esquina de la infancia” a la Escuela Infantil N° 11 del D. E. N° 19 y poner el nombre de "Miguel B. Sánchez" a la escuela de Educación Media N°3 D.E. N°10. Además, se abordó una ley de las comisiones de Cultura y de Presupuesto, sobre Señalización del "Fortín de Villa Luro".

Durante la jornada del lunes también se realizaron distintas audiencias públicas donde se abordó la denominación de “Pascuala Meneses” al jardín de infantes nucleado C D. E. N° 12; nombrar “Julio Cortázar” a la actual biblioteca “Casa de la lectura” de Villa Crespo;  poner el nombre “Elsa Bornemann” a la escuela infantil jardín de infantes integral N°9 D.E. 20, y  nombrar “Padre Carlos Mugica” al Centro de Formación Profesional N° 38.

También se expuso la modificación de la denominación de la plaza "Campaña del Chaco" por “Matilde Malvina Vernet y Sáez”, audiencia que tuvo entre los participantes inscriptos a la señora Clara Vernet, descendiente de Luis Vernet, primer Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos, quien sostuvo la importancia de conmemorar la primera iniciativa de poblamiento de argentinos en las Islas Malvinas como proyecto de país.

Estos eventos son regulados por la Ley Nº 6 de audiencia pública, que establece una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma permite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella, en el marco de las nuevas modalidades de participación ciudadana, que pueden ser presenciales, virtuales o mixtas, según lo que determine la autoridad convocante.