Gabino Tapia y Martín Ocampo visitaron la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Legislatura de la Ciudad, para exponer sobre el proyecto de emergencia autonómica, impulsado por el poder Ejecutivo, donde también respondieron las preguntas de los diputados sobre el tema.

Este lunes en el Salón Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña, se realizó una reunión informativa de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Hernán Reyes, en la que también participó la comisión de Justicia, presidida por la diputada Inés Parry, donde se presentó el proyecto de ley que declara la emergencia autonómica de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de dos años. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y ambos funcionarios respondieron las consultas que hicieron los diputados.

Participaron de la exposición el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; el procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo; y la subsecretaria de Relaciones Gubernamentales, Natalia Gambaro.

Durante su intervención, el ministro Tapia explicó que el proyecto busca consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada hace 30 años en la Constitución Nacional, pero aún incompleta en la práctica. "El jefe de Gobierno nos ha marcado el objetivo de avanzar en todas las acciones necesarias para lograr la consolidación plena de nuestra autonomía", señaló el funcionario y destacó avances recientes, como el traspaso de 31 líneas de colectivos y la recuperación del porcentual de coparticipación, iniciativas que contaron con el acompañamiento de la Legislatura. Sin embargo, enfatizó que "aún persisten competencias que no han sido transferidas, como la situación de detenidos en comisarías, que deberían estar bajo la órbita del sistema penitenciario federal, o la necesidad de completar la transferencia de la justicia nacional ordinaria". Finalmente, Tapia subrayó que "es fundamental defender los derechos de los porteños, tal como lo dispone la Constitución", y valoró el debate legislativo como parte esencial de ese proceso.

Por su parte, el procurador Ocampo remarcó que "no es casualidad que existan tensiones institucionales: se trata de una disputa de poder" y subrayó que "han pasado 30 años desde la reforma constitucional y la falta de avances ya resulta insostenible”. Además destacó que “la Corte Suprema ha emitido reiterados fallos y ha advertido sobre el inmovilismo. Por eso, todas las fuerzas políticas debemos asumir el compromiso de actuar: es necesario declarar la emergencia, porque esta parálisis afecta gravemente al federalismo argentino".

El procurador resaltó que la declaración de emergencia autonómica permitirá adoptar medidas excepcionales para proteger derechos locales vulnerados por decisiones nacionales. "Existe un proceso de discriminación hacia los vecinos de la Ciudad. La emergencia es una herramienta para terminar con esa discriminación", afirmó y detalló, entre los posibles efectos de la ley, la creación de nuevos fueros judiciales locales y la adecuación de requisitos para ejercer competencias que hoy dependen del ámbito nacional, como el Registro Público de Comercio.

El proyecto en tratamiento declara la emergencia autonómica de la Ciudad por dos años, con posibilidad de prórroga mientras subsistan las condiciones que lo justifiquen. Entre sus principales disposiciones se establece:

• ⁠Instar a los legisladores nacionales —especialmente a quienes representan a la Ciudad— a cumplir con la Constitución Nacional, ratificar convenios de transferencia de competencias pendientes y aprobar los proyectos legislativos necesarios.
• ⁠Exhortar al Estado Nacional a suscribir los convenios que concreten las transferencias de competencias aún pendientes.
• ⁠Encomendar a la Procuración General de la Ciudad iniciar acciones judiciales para:
• Declarar la inconstitucionalidad de normas que restrinjan la autonomía de la Ciudad.
• Exigir la transferencia de la justicia nacional ordinaria con sede en la Ciudad, junto a los recursos presupuestarios correspondientes.