Las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales volvieron a convocar a funcionarios de la Ciudad y a expertos, y avanzan en el tratamiento del régimen de ejecución penal y el marco jurídico del futuro sistema penitenciario porteño.

En la Legislatura de la Ciudad se realizó una reunión conjunta de las comisiones de Justicia —presidida por Inés Parry—, Seguridad —a cargo de Gimena Villafruela—, Legislación del Trabajo —encabezada por Matías Barroetaveña— y Asuntos Constitucionales —presidida por Hernán Reyes— para continuar trabajado el proyecto de ley que establecerá la creación y el régimen jurídico del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, quien dialogó con los legisladores sobre los ejes de  los capítulos vinculados a la ejecución de la pena, abordando temas como el ámbito de aplicación, finalidad y objeto de la ley; la descripción del sistema; la competencia judicial; el rol de la víctima; el tratamiento individualizado de quienes enfrentan una condena mediante el “plan de vida”.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la víctima, que, en línea con la Ley 6115, que debe ser informada y escuchada en el proceso, también se mencionaron alternativas de reparación que no impliquen prisión y se advirtió que la incorporación de figuras de justicia restaurativa genera divergencias entre los proyectos.

También se destacó la propuesta del “plan de vida”, que trasciende el tradicional plan de actividades penitenciarias y apunta a garantizar derechos y promover beneficios en función de las necesidades y antecedentes de cada persona, incluso en condenas condicionales o sin encierro. Este plan, se propuso, podría ser implementado por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el sector privado, cooperativas y universidades, asegurando la continuidad de las acciones una vez que la persona recupere la libertad con el objetivo de alcanzar una reinserción social real.

Otro eje fue la inclusión de personas privadas de libertad sin condena en programas educativos, culturales y laborales, para evitar períodos de inactividad, aunque se planteó la necesidad de garantizar la separación física entre procesados y condenados.

Finalmente, se discutió la cuestión de infraestructura, ya que, al no contar la Ciudad con establecimientos penitenciarios propios, se trabaja en un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles y establecer que, aunque el alojamiento se realice fuera del territorio porteño, rija la normativa de la Ciudad.

El trabajo en las distintas comisiones de los expedientes vinculados a la creación del servicio penitenciario porteño continuará su discusión parlamentaria a fin de seguir desarrollando el contenido para lograr un texto consensuado que pueda ser sancionado en el recinto.