La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña se reunió para analizar cambios en la Ley 2.681 y debatir la creación de un Registro Público de Vacantes en colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, con aportes de referentes y especialistas del sector.

En el marco de una reunión informativa, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por su titular, el diputado Sergio Hernán Siciliano, mantuvo un encuentro de diálogo con distintos referentes y especialistas relacionados al ámbito de la educación para analizar la propuesta de modificación de la Ley 2.681.

Según el texto de proyecto, el primer artículo propone que “los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin justa causa la matriculación o la rematriculación a un niño, niña, adolescente o aspirante -en caso de ser mayor de edad-, para el año o ciclo lectivo siguiente” y estipula que, en caso de negación sin justa causa, “se podrá presentar una denuncia ante la autoridad competente”.

Paralelamente, su artículo segundo propone la creación “del Registro Público de Vacantes de Establecimientos Educativos de Gestión Privada Incorporados a la Enseñanza Oficial en el ámbito del Ministerio de Educación” donde especifica que el mismo debe contener “la cantidad de vacantes para los/as alumnos/as matriculados/as en cada grado y/o año del ciclo lectivo presente y las vacantes para las inscripciones del ciclo lectivo del año siguiente de todos los establecimientos de educación de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial”. Además, el texto del proyecto establece que este registro “será publicado por el Ministerio de Educación”.

Entre los exponentes que compartieron sus diferentes miradas sobre la temática abordada estuvieron Roxana Perraza, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Genoveva Ferrero, secretaria General de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, a cargo del Observatorio de la Discapacidad; Agustina Torres, coordinadora General del Observatorio de la Discapacidad de poder Judicial, entre otras instituciones vinculadas a la temática.

Durante el desarrollo del debate, la diputada Ocaña, una de las autoras de la iniciativa, manifestó que el proyecto pretende expresar la preocupación de muchas familias que todos los años viven un proceso muy difícil y complejo a la hora de encontrar una vacante. “El proyecto busca dar transparencia, porque ayuda a mejorar los procesos” sostuvo la diputada, mientras que la diputada Thourte, otras de las autoras del proyecto, destacó que “esta es una oportunidad de dialogar”.

El proyecto en tratamiento continuaría siendo trabajado en otras jornadas, a través de próximas reuniones de comisión.