La Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, debatió una reforma a la Ley 2.681 sobre vacantes en escuelas privadas, con el foco puesto en las admisiones de estudiantes con discapacidad.

Este martes, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, realizó una reunión de trabajo para abordar un proyecto que propone la modificación de la Ley 2.681.

La iniciativa, impulsada por la diputada María Graciela Ocaña junto a legisladores de distintos bloques, busca establecer nuevas regulaciones en materia de vacantes y procesos de inscripción en las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. El objetivo central, según los considerandos de la propuesta, “es garantizar mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.

Los puntos principales del proyecto proponen prohibir rechazos arbitrarios, estableciendo que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no podrán negar inscripción o reinscripción sin justa causa y en caso de que exista una, describir detalladamente la definición de “justa causa”: solo será válida si no contradice derechos constitucionales, de la CABA ni tratados internacionales (en especial, de niñez y discapacidad).

También habilita a las familias a que tengan el derecho a pedir esos fundamentos ante una negativa y crear un Registro Público de Vacantes, donde el Ministerio de Educación deberá crearlo y publicarlo. Allí debe constar la cantidad de vacantes disponibles en cada curso y escuela para dar mayor transparencia.

Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes de instituciones y madres y padres de niños/as con discapacidad. Entre ellos, participaron Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (Tea Activa), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del MPT), el Dr. La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el Dr. Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial) y distintas familias que compartieron sus experiencias.

El debate giró en torno a los límites entre la gestión estatal y privada en materia de educación inclusiva, donde algunos especialistas destacaron la necesidad de resguardar la autonomía de las instituciones, mientras que organizaciones sociales y familias remarcaron las dificultades que enfrentan cuando se rechaza la inscripción de un niño con TEA, dislexia u otras condiciones, sin una explicación clara. Se señaló que muchas veces esas negativas no quedan asentadas por escrito, lo que impide reclamar, y que la falta de información transparente sobre las vacantes genera incertidumbre y exclusión.

La reunión permitió recoger distintos puntos de vista y aportes que nutran el trabajo legislativo en torno a la propuesta en debate, que seguirá siendo analizada en la Comisión. Antes del cierre, el diputado Siciliano, recordó que “el próximo martes a las 14:00 se realizará una nueva convocatoria para seguir dialogando en la búsqueda de un proyecto mejor”.