La Legislatura porteña trató el dictamen para crear el Servicio Penitenciario de la Ciudad y su Régimen Jurídico, un paso central en el proceso de autonomía penal. El proyecto impulsa un sistema moderno, con nuevos organismos de control, profesionalización del personal y políticas orientadas a la reintegración social y la reducción de la reincidencia.

En una reunión conjunta de cinco comisiones parlamentarias, la Legislatura porteña firmó hoy el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto del proyecto para crear el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y su correspondiente Régimen Jurídico.

El encuentro se realizó este martes con la participación de las Comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto. La reunión estuvo encabezada por las y los presidentes de cada una: Inés Parry, Gimena Villafruela, Paola Michelotto, Matías Barroetaveña y Hernán Reyes.

“Este dictamen es un paso fundamental para consolidar la autonomía penal de la Ciudad y construir un sistema penitenciario moderno, profesional y que promueva la reintegración social y disminuya la tasa de reincidencia”, afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry.

La iniciativa se complementa con el dictamen aprobado la semana pasada sobre la Ley de Ejecución de la Pena y permitiría conformar el primer sistema penitenciario propio de la Ciudad. El proyecto plantea un modelo de custodia segura, políticas modernas de tratamiento y reintegración, y la profesionalización del personal, con mejoras laborales y mecanismos de control internos y externos.

Además, prevé la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, organismo civil, desconcentrado y especializado, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, que funcionará bajo principios de legalidad, seguridad, debido proceso, respeto de los derechos humanos, ética pública, transparencia y rendición de cuentas.

El personal estará dividido en dos cuerpos:

• Cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada dedicada a seguridad, prevención, protección y custodia.
• Cuerpo de Agentes de Reintegración Social, destinado al tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, vínculos familiares y Plan de Vida de las personas privadas de libertad.

El proyecto también crea dos órganos de control desconcentrados del Ministerio de Justicia:

Una Oficina de Transparencia y Control Externo, orientada a la prevención de la corrupción, y una Defensoría del Personal, encargada de resguardar los derechos humanos y garantías del personal de la Agencia, con autonomía funcional. A su vez, se establece una Comisión Especial de Seguimiento en la Legislatura, integrada por los presidentes de las comisiones intervinientes.