La Policía de la Ciudad desarticuló la práctica que realizaban tres personas, entre ellas madre e hija, de comercializar por redes sociales certificados médicos apócrifos a un valor de 10 mil pesos.

Personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad llevó a cabo una investigación tras detectar que certificados y constancias laborales se ofrecían por redes sociales.

En consecuencia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 5, a cargo de la doctora Claudia Alvarado y ante la Secretaría 7 del doctor Matías Bessi, ordenó tres allanamientos a requerimiento de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 30, con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, sellos y cualquier otra documentación de interés para la causa.

Durante las tareas previas, los efectivos policiales habían detectado en redes sociales, desde un perfil de fantasía, que se ofrecían certificados médicos, aptos físicos y constancias laborales por la suma de 10 mil pesos. Además, se estableció que el usuario era utilizado por una persona que no pertenecía al personal de salud.

Los oficiales tomaron contacto con una médica cuyo sello y firma se podía ver en algunos certificados y explicó que, si bien eran sus datos, nunca había realizado tales constancias.

Así, se comprobó que una mujer y su hija eran las encargadas de ofrecer los certificados apócrifos y que una tercera persona era la que recibía los pagos en una cuenta electrónica.

Como resultado del primer allanamiento, en la calle Molina al 1600 del barrio de Mataderos, se logró demorar a la principal investigada de la causa y se le secuestró un teléfono celular, prescripciones médicas y un sello.

En el segundo domicilio, de la calle Pieres al 500 del barrio de Liniers, los efectivos notificaron a la otra investigada y secuestraron un teléfono celular.

Por último, los oficiales llegaron a una propiedad en la calle Santa Juana de Arco al 3900, en la localidad bonaerense de Ciudadela, y allí secuestraron un teléfono.

Al consultar con el magistrado a cargo del caso, se procedió a notificar a los tres implicados por infracción a los Artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal e incautar los elementos encontrados.

Del operativo participaron además personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).