En una audiencia solicitada por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), Daniela Dupuy, se dispuso la prisión preventiva para un hombre que abusó de su hermanastra, una niña de 11 años.

La investigación de los hechos comenzó a raíz de un reporte categorizado como prioridad emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, y enviada a la UFEDyCI del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Esta categorización como prioridad es una forma en la cual se detecta que existe riesgo de abuso sexual infantil. De esta manera en pocos días la fiscalía pudo identificar al sospechoso, a la víctima, allanar el domicilio y detenerlo.

En el reporte se informaba que un usuario había almacenado en la plataforma Google Fotos diversos archivos de imagen conteniendo material de abuso sexual infantil hacia una niña. De inmediato, la fiscal solicitó informes a las empresas prestadoras de servicios de internet sobre las direcciones IP desde donde se realizaron las publicaciones y sobre los titulares de las conexiones.

Avanzadas las tareas de investigación, se logró determinar que la persona señalada se correspondía con el hermanastro de la menor, quien trabaja con una moto para una empresa de repartos de pedidos.

A su vez, se pudo establecer que el abusador había almacenado una importante cantidad de archivos de video e imágenes con contenido de explotación sexual infantil, algunos de niños y niñas de muy corta edad, con fines de distribución.

La fiscal Dupuy consideró que existía riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso por parte del imputado, razón por la cual solicitó la prisión preventiva del mismo en un establecimiento penitenciario común de la ciudad de Buenos Aires, la cual fue otorgada por la jueza Maiorano, hasta tanto se realice el juicio oral.

Cabe señalar que los delitos que se le imputan -producción y tenencia de material de abuso sexual infantil y abuso sexual agravado por el vínculo con la víctima-, pueden tener una pena de hasta 30 años de prisión.

En la investigación del caso participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.