Este lunes, el Gobierno porteño acudió nuevamente a la Corte Suprema con el propósito de que se declare la "inconstitucionalidad" de la ley sancionada en el Congreso que reasigna partidas presupuestarias en materia de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.

El Ejecutivo porteño realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que declare la "inconstitucionalidad" de la ley sancionada en el Congreso que reasigna partidas presupuestarias en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.

"Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, aseguraron fuentes oficiales.

La presentación ante la Corte se suma a una ya elevada ante el máximo tribunal luego de la reasignación de los fondos que percibía la Ciudad y en coincidencia con la entrada en vigencia de la ley aprobada en el Congreso nacional.

Para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la norma "vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires".

La ley aludida aprobada por 40 votos contra 25 por los senadores luego de la sanción en la Cámara de Diputados, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña.

Para la Ciudad, "la suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado".