La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, el presidente del partido Maximiliano Ferraro y el presidente del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, afirmaron este martes que “las declaraciones del ex juez Eugenio Zaffaroni, en reclamo del indulto presidencial para delitos de corrupción, y de Aníbal Fernández, en las que pide limitar el control de constitucionalidad, representan un nuevo ataque al orden constitucional”.

“Son afirmaciones realizadas con ignorancia y mala fe, que violan la Constitución y los tratados internacionales contra la corrupción. Cristina Kirchner es quien propicia estas iniciativas desesperadamente”, añadieron Carrió, Ferraro y López.

“Existe ignorancia y mala fe en los reclamos de indulto de Zaffaroni. El artículo 36 de nuestra Constitución equipara los delitos de corrupción a los de traición a la Patria y atentado contra el orden democrático, y los excluye de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Caso cerrado, los juicios tienen que seguir”, aseguraron Carrió, Ferraro y López.

“Por otro lado, los delitos de corrupción ya han sido declarados imprescriptibles por la Cámara Federal de La Plata, en un fallo extraordinario del gran jurista y juez Leopoldo Schiffrin en el año 2016, y luego por la Cámara de Casación Penal Federal en el año 2018. ¿Cómo se les ocurre indultar o amnistiar delitos imprescriptibles?”, plantearon los dirigentes de la CC ARI. “Vamos a analizar la conducta de Zaffaroni y a solicitar su destitución como juez de la Corte Interamericana, porque su desconocimiento de convención de esa organización contra la corrupción es intolerable”, agregaron.

“También hay ignorancia y mala fe de Aníbal Fernández cuando afirma que una ley puede limitar el control de constitucionalidad. Esta cuestión fue saldada definitivamente en el artículo 43 de la Constitución. Ese artículo dice el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, aún de oficio. En la comisión redactora de la reforma constitucional del año 1994, Elisa Carrió introdujo esa cláusula para consagrar constitucionalmente el control de constitucionalidad por parte del poder judicial. Es imposible limitar ese control por ley”, explicaron Carrió, Ferraro y López.

“Cristina Kirchner tiene que asumir que sus juicios van a continuar, que deberá responder ante los tribunales y que no hay indulto, amnistía, reforma judicial que puedan impedir que deba rendir cuentas”, concluyeron.