El Gobierno de la Ciudad pidió el rechazo de la demanda presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley local 6.452, sancionada por la Legislatura en 2021.

El Gobierno de la Ciudad pidió el rechazo de la demanda presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley local 6.452, sancionada por la Legislatura en 2021, que permite que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA intervenga como instancia revisora de fallos de las Cámaras de la Justicia Nacional dictados en la ciudad.

El Ejecutivo porteño consideró que la entidad que agrupa a los jueces nacionales "no está legitimada" para intervenir como parte en la causa y agregó que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal es "incompetente" en este litigio porque "no se vislumbra conflicto alguno contra la Administración Pública Nacional", según manifestó en la respuesta, que se presentó hace unos días, pero se conoció hoy en Tribunales.

La aplicación de la ley 6.452, de todas formas, se encuentra suspendida desde noviembre pasado, luego de que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez dictara una medida cautelar para impedir la aplicación del artículo clave de la norma -el número 4-, que ampliaba el campo de actuación del Tribunal Superior de Justicia porteño.

La medida cautelar fue ratificada hace 15 días por los jueces de la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, José Luis López Castiñeira, Luis Márquez y María Claudia Caputi.

En su resolución, los tres camaristas advirtieron que en caso de hacer caer la medida cautelar entraría en vigencia "un régimen normativo que aparenta alterar de modo 'prima facie' ilegítimo -por vicio en la competencia del órgano emisor- el ordenamiento" jurídico de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad.

En paralelo a la cautelar, la jueza Marra Giménez tiene que resolver sobre la cuestión de fondo, la controversia en torno a la inconstitucionalidad de la ley 6.452 que el PRO y sus aliados aprobaron en la Legislatura porteña el 30 de septiembre de 2021.

A principios de noviembre, al presentar la demanda, la asociación que agrupa a los jueces nacionales sostuvo que la Legislatura porteña se había excedido en sus atribuciones al legislar sobre un tema que corresponde al Congreso.

Además, desde la AMFJN advirtieron que otorgarle al Tribunal Superior de Justicia porteño la potestad de revisar fallos de la Justicia nacional implicaría imponer un cambio institucional que solo puede aplicarse con la sanción de una reforma judicial en el Congreso.

La controversia sobre el máximo órgano judicial de Ciudad y su legitimidad para actuar como instancia revisora del fuero nacional generó polémica y preocupación porque permitiría que un tribunal local intervenga en causas consideradas sensibles para la coalición política que gobierna la Ciudad, en particular la quiebra de Correo Argentino SA, de la cual el grupo Socma (Sociedades Macri) es su principal accionista.

En la resolución en la que dictó la medida cautelar, la jueza Marra Giménez sostuvo que admitir que un tribunal local reciba apelaciones contra fallos de la Justicia nacional implicaría violentar la estructura del Poder Judicial de la Nación, "que está definida en los artículos 1 y 32 del decreto 1285/1958", en los que se organizó la Justicia Nacional y Federal en todo el territorio del país.

Además, la magistrada reprochó que la ley 6.452 de CABA crea una instancia revisora de las decisiones emitidas por los jueces nacionales, "que modifica el Código Procesal de la Nación y la Ley 48, que reglamenta el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia", según planteó.