Finalmente este lunes, el presidente de la Nación Alberto Fernández, dio marcha atrás en su decisión y resolvió aceptar el fallo de la Corte Suprema y dispuso reasignar fondos del Presupuesto y transferir el dinero que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes, que reasignará fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación, y anticipó, además, que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Fernández dio a conocer su decisión a través de Twitter, donde afirmó que “el Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA”.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, afirmó.

Además Fernández aseveró: “Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

Pese a que el mismo fallo de la Corte afirma que no se verá afectadas las provincias, el Presidente aseguró: “El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.

En el mismo sentido y sin que sea así, Fernández afirmó: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

Para finalizar confirmó: “He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

Por otro lado, el Titular del Ejecutivo nacional ratificó que “he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.

Y marcó un cambio con respecto a la semana pasada, donde había afirmado que no cumpliría con el fallo. “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.

En su larga declaración vía twitter agregó: “También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos. Por eso instruí a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”.

Además explicó la forma de pago que realizará: “Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Y continuó: “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

Para concluir aseveró: “Finalmente, he instruido al MECON para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”.