Los principales funcionarios ligados a la Justicia porteña conversaron sobre los desafíos y las oportunidades de la transferencia de competencias judiciales en materia penal y de consumo a la Ciudad en el marco del primer encuentro denominado “Dialogando BA: Traspaso de la Justicia”.

Se llevó a cabo el primer encuentro denominado “Dialogando BA: Traspaso de la Justicia”, en el que se conversó sobre los desafíos y las oportunidades de la transferencia de competencias judiciales en materia penal y de consumo, así como el traspaso de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble, de la órbita de la Justicia Nacional a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el objetivo de lograr una ciudad de Buenos Aires plenamente autónoma, se convocó ayer en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA a actores que representan diferentes puntos de vista y a distintos espacios políticos.

Entre los expositores estuvo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien señaló que “los vecinos piden más y mejor justicia, y con este traspaso vamos a estar más cerca de tener una justicia propia, que garantice el acceso a todos los vecinos en tiempo y forma”.

Asimismo Miguel mostró su optimismo y afirmó que “hay un panorama propicio para que la Justicia pase a la Ciudad, que son los cuatro convenios de traspaso que firmamos con Nación y que sólo falta que los ratifique el Congreso de la Nación”.

A su vez destacó: “También sabemos que este traspaso lo estamos haciendo buscando consensos y sentándonos a dialogar con todas las voces, las que coinciden y las que disienten. Este Dialogando BA es un ejemplo de las diferentes instancias que tenemos en la Ciudad para construir ese consenso”.

Por otra parte el subsecretario de Reforma Política del Ministerio de Gobierno porteño, Hernán Charosky, afirmó: “El traspaso de la Justicia es fundamental para fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Para lograrlo, se requiere generar consensos entre muchos sectores distintos. Es difícil alcanzarlos sin una conversación honesta entre ellos. Su presencia en este Dialogando BA es muy importante para dar un paso más hacia la autonomía”.

Por último, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Marcela Basterra, indicó que “el arribo de las estructuras de consumo vacantes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trae aparejado el desafío de proyectar y desarrollar un nuevo fuero desde su comienzo, que atienda eficientemente las necesidades de los usuarios y consumidores, abogando por la defensa de sus derechos”. Asimismo, destacó que “el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dado claros indicios de reconocimiento hacia las facultades jurisdiccionales porteñas”.

A su vez, Basterra señaló que “los cuatro convenios contienen una cláusula idéntica correspondiente a la conservación de la intangibilidad de las remuneraciones, categoría, antigüedad, obra social y derechos de todos los empleados y funcionarios de los fueros transferidos. Esta cláusula asume un rol fundamental en el proceso de traspaso, pues uno de los principales argumentos en su contra se centró en que el principio de inamovilidad judicial consagrado en el artículo 110 de la Constitución Nacional, constituía un obstáculo a la transferencia de los jueces nacionales a la Ciudad”.

Entre los expositores estuvieron presentes Martín Ocampo (Ministro de Justicia y Seguridad de CABA); Daniel Filmus (Diputado Nacional electo); Luis Lozano (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Jorge Enríquez (Subsecretario de Justicia); Alberto García Lema (convencional constituyente, Reforma Constitucional de 1994); Alberto Dalla Vía (vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral) y Bruno Screnci Silva (Ministro de Gobierno porteño).

Enríquez al exponer junto a Lozano y Basterra destacó los avances del proceso de transferencia de la Justicia Nacional al ámbito porteño: “Ya nadie discute seriamente que la reforma constitucional de 1994 estableció para la Ciudad de Buenos Aires un régimen de autonomía amplio, que incluye la autonomía jurisdiccional. Hay consenso, me atrevería a decir, en todos los partidos con representación parlamentaria”.

“Por eso -continuó Enríquez- desde el Gobierno de la Ciudad estamos impulsando una transferencia progresiva y gradual de competencias, mediante acuerdos entre Nación y Ciudad. Como lo ejemplifico cada vez que me preguntan, no hay ningún interés federal en la ejecución de un pagaré, un desalojo o una demanda de alimentos. Buenos Aires es desde 1994 un nuevo sujeto del federalismo argentino y no aspira a otra cosa que a tener en materia judicial las mismas competencias que las demás provincias”.

Para el actual Subsecretario de Justicia porteño “lo que falta precisar es la transferencia de recursos de la Nación a la Ciudad, pero con buena fe y confianza recíproca ese tema se va a encaminar. En cuanto a los beneficios laborales de los trabajadores judiciales, en la Ciudad serán los mismos o mayores que los que gozan en la llamada Justicia Nacional. No hay, por lo tanto, motivos válidos para oponerse a una iniciativa que por un lado cumple un mandato constitucional y por otro redundará en un mejor servicio de justicia para los porteños y quienes sin serlo intervienen en procesos que se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires”.