El consejero del Consejo de la Magistratura, Alberto Maques, presentó una propuesta que busca frenar el incumplimiento de la Ley de Honorarios por parte de jueces y funcionarios. El proyecto apunta a garantizar el respeto al principio de legalidad y proteger el ejercicio profesional de la abogacía.

El consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación Alberto Maques, en representación de los profesionales de la abogacía, Colegios y Asociaciones, presentó un proyecto que pone sobre la mesa una problemática que viene generando fuertes reclamos dentro del ámbito jurídico: el incumplimiento sistemático de la Ley N.º 27.423, que regula los honorarios de abogados y procuradores.

La iniciativa no sólo exige el cumplimiento estricto de lo que establece la norma sancionada en 2017, sino que también propone la creación de herramientas institucionales para monitorear su aplicación y actuar frente a las desviaciones.

El proyecto plantea que el Consejo de la Magistratura asuma un rol activo en esta materia. Entre otras medidas, promueve el seguimiento de resoluciones judiciales que desconozcan la ley y la posibilidad de que se emitan advertencias institucionales en los casos más graves.

Desde hace años, colegios y asociaciones de abogados vienen denunciando irregularidades como la falta de actualización automática de los honorarios, liquidaciones por debajo de los mínimos legales y decisiones judiciales que ignoran la jerarquía de la ley. En ese contexto, la presentación de Maques representa una respuesta concreta desde el órgano que tiene la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento del Poder Judicial.

“Es imperativo recordar a los magistrados y funcionarios judiciales su deber de aplicar la Ley N°27.423, velando por el correcto funcionamiento del Poder Judicial y el respeto irrestricto de las leyes vigentes”, señaló Maques.

La iniciativa será debatida en las comisiones del Consejo y, de obtener respaldo, podría sentar un precedente clave en la defensa de los derechos de los profesionales del derecho y en la recuperación de estándares básicos de legalidad en el funcionamiento de los tribunales.