La ONG anticorrupción Apolo presentó un escrito ante el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, solicitando que el eventual reemplazo de boletas tras la renuncia de José Luis Espert sea afrontado por la propia agrupación política y no por el erario público.

La Fundación Apolo presentó ante el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Dr. Alejo Ramos Padilla, un pedido para que, en caso de que la Junta Electoral decida reimprimir las boletas de la Alianza La Libertad Avanza, dicho procedimiento no se realice con fondos del Estado, sino a cargo de la agrupación política oficialista.

El documento lleva la firma del director general de la Fundación y legislador porteño, Yamil Santoro; el jefe de asuntos legales, José Magioncalda; y los abogados Ignacio Falcón y Nicolás Silvera. Además, se solicita al Magistrado que dicte una medida cautelar que impida toda erogación de fondos públicos hasta que se adopte una resolución definitiva.

Según indicaron los firmantes, la renuncia del primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert, no puede implicar un gasto adicional para el Estado, que ya financia la impresión de boletas oficiales. En ese sentido, advirtieron que el precedente que podría sentarse “no ayuda a cuidar los recursos de los contribuyentes” y abre la posibilidad de que los partidos utilicen este mecanismo con fines discrecionales.

“El problema de esta medida es que se sienta un precedente que no ayuda a cuidar los recursos de los contribuyentes. El tema no va a terminar en este caso puntual: mañana un partido tiene la pérdida física de un candidato —como ya ha pasado— y el Estado estará obligado a gastar unos 12 millones de dólares de la plata de los argentinos para reemplazar las boletas. O la misma situación si un minúsculo partido decide bajar un candidato. Si se aprueba la reimpresión, se abriría la puerta a posibles negocios con las boletas. Eso ya pasaba con el sistema anterior y necesitamos que deje de ocurrir”, señaló el legislador Yamil Santoro.

Desde la Fundación subrayaron que el principio republicano exige que los recursos públicos se administren con prudencia y que los costos derivados de decisiones partidarias sean asumidos por las propias agrupaciones políticas.