Finalmente el Congreso dio el primer paso para sancionar una nueva Ley de Alquileres. La Cámara de Diputados aprobó -con 192 votos afirmativos y 24 abstenciones- el proyecto consensuado entre los distintos bloques, que además fue acordado con representantes de todos los actores involucrados.

La iniciativa apunta a brindarle mayor estabilidad a los inquilinos -se estima que hay más de 8 millones en todo el país- y a equilibrar la relación con los propietarios. Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en este objetivo, aunque hubo objeciones en torno a algunos artículos, sobre todo por parte de Cambiemos, que aportó el mayor caudal de abstenciones.

Cabe recordar que un proyecto similar había sido aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero el año pasado perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados debido a que no se trató en el recinto. Por eso este año volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara baja, por lo que ahora el Senado tendrá la última palabra.

La iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años, con el fin de darle mayor estabilidad al inquilino. Además, establece un mecanismo de actualización anual de los montos, un punto que abrió una discusión en el recinto, ya que varios diputados plantearon -sin éxito- que el reajuste sea semestral o cuatrimestral.

También se discutió con intensidad cuál será el mecanismo de actualización de esos montos, que finalmente se aplicará según una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE). La inscripción de los contratos será a través de la AFIP, que deberá llevar un registro.

Otro aspecto destacado de la media sanción es que despliega un menú de garantías para ofrecer al propietario, que por lo general suele exigir la acreditación de otro inmueble. Así, el inquilino podrá elegir si entregar una garantía propietaria, un seguro de caución, un aval bancario, un recibo de sueldo o certificación de ingresos, y el propietario deberá aceptar alguna de esas opciones.

Por otra parte, el proyecto indica que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.

El diputado Marco Lavagna (Consenso Federal) estimó que “alrededor de 11 millones de personas no tienen casa propia”, por lo que “esta ley es de gran impacto social”. Además, consideró que “es bueno tener una previsibilidad respecto de cómo se van a ajustar los alquileres” porque en algunos casos aumentan por debajo de la inflación y en otros, por encima.

En tanto, Martín Lousteau, líder del bloque Evolución, se refirió a la problemática del acceso a la vivienda y detalló que “menos del 5% de los asalariados formales tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito para comprar un (departamento) dos ambientes”.

“En este caso estamos dándole prioridad al derecho más importante y a la vez el más débil: el derecho a moderar lo máximo posible la incertidumbre acerca del lugar donde se vive y donde se establece un proyecto de vida, versus la incertidumbre con respecto a los flujos de fondos futuros de los propietarios”, sostuvo el porteño.

Mientras que la diputada Paula Oliveto Lago (CC ARI) expresó: “Durante años ha sido imposible el acceso a la vivienda para los trabajadores. Tenemos que buscar la forma de compatibilizar los intereses entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios. Es fundamental evitar que el exceso de condiciones aleje la posibilidad de acercar las posiciones entre inquilinos y propietarios, y que provoque el retiro de propiedades del mercado”.

Asimismo dijo: “Soy la autora de la primera ley de alquileres que se sancionó en nuestro país, que la votó la ciudad de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta y la hemos elaborado intentando favorecer el acceso a la vivienda de aquellos sectores más postergados, que son los que más dificultades tienen. Vamos a votar en general este proyecto de ley, más allá de alguna disidencia en particular que vamos a plantear”.