El oficialismo logró dar este miércoles el primer gran paso para aprobar la ley de sostenibilidad de la deuda. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría y la semana que viene será tratado en el Senado.

La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa recibió 224 a favor; dos en contra, del Frente de Izquierda; y una abstención, del socialista Enrique Estévez.

El proyecto abarca la deuda regida por ley extranjera, puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York. El texto incluye la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, señaló que, si bien esta ley no es necesaria para llevar adelante la reestructuración, servirá para robustecer “la fuerza negociadora” del ministro Martín Guzmán frente a los acreedores, “para que defienda los intereses del país con la representación de todo el arco político”.

En ese sentido, cuando la sesión llevaba más de una hora, Elisa Carrió irrumpió en el debate. “Hay momentos de un país donde todos los argentinos debemos estar unidos. Debemos darle respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos”, enfatizó.

En el que podría ser su último discurso como diputada -su renuncia se hará efectiva en marzo-, “Lilita” advirtió que “los bonistas anotan cada palabra que se dice y eso después sale en la sentencia en contra de la Argentina”, por lo que pidió cautela en los discursos.

El proyecto aprobado autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

Todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.