Luego de cinco años el Senado de la Nación logró el consenso para designar los tres primeros miembros del Comité Nacional contra la Tortura. La senadora porteña Marta Varela celebró este primer paso que es un buen augurio para la vacante Defensoría del Pueblo.

La senadora nacional por la Ciudad (Cambiemos) y presidente de la Comisión de Defensoría del Pueblo, Marta Varela, logró darle dictamen favorable a la designación de los primeros tres integrantes del Comité Nacional contra la Tortura, que representan a las ONG's, gracias a un acuerdo con todos los legisladores que componen al comisión.

“Hemos dado un paso fundamental para conformar el Comité. Se analizaron todos los candidatos, sus antecedentes y sus experiencias, escuchamos a las organizaciones sociales y realizamos las audiencias públicas correspondientes para llegar hasta esta instancia”, aseguró la senadora.

La designación que recibió media sanción deberá aprobarse también en Diputados. Los candidatos son la Licenciada María Josefina Ignacio (Asociación Pensamiento Penal); el Dr. Gustavo Federico Palmieri (CELS); y el Dr. Diego Jorge Lavado (XUMEK).

“Los senadores miembros de la Comisión han logrado el consenso necesario para dar este paso en la selección de los candidatos. Hay una fuerte voluntad por parte del Gobierno, como también desde el Congreso, de seguir avanzando con la designación del resto de los integrantes del Comité y, también, del Defensor del Pueblo”, sostuvo la legisladora.

Esta semana la senadora presidió una reunión de Comisión que contó con la presencia de las autoridades de los mecanismos locales contra la tortura de Chaco, Salta, Misiones y Santa Fe quienes expresaron su deseo de agilizar la constitución del Comité Nacional. “Fue fundamental escuchar a los mecanismos locales que, en conjunto, expresaron la necesidad de poner en marcha el Comité Nacional, debido a que a las provincias se les dificulta su trabajo sin un organismo rector”, concluyó Varela.

Cabe mencionar que el Comité deberá estar integrado por 13 miembros: tres representantes de ONG; tres representantes dela Cámara de Diputados de la Nación; tres del Senado Nacional; uno de la Secretaría de DDHH; dos representantes de mecanismos locales; y el Procurador Penitenciario de la Nación.